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Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra Gobernador del Tolima

 Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra Gobernador del Tolima
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También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).

La CGR ordena además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar).

En forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.

2 indagaciones Preliminares en Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios.

Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.

La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.

A la fecha, estas alertas del organismo de control han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones.

Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio, la Contraloría había logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones.

Debido a la solidez de las alarmas, fueron terminados anticipadamente contratos por $21.000 millones y en 29 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio de $4.200 millones.

En Bogotá, se han generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones.

La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

131 alertas han dado la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo, que cuestan $18, 11 billones

9 de estas alertas, las de mayor valor, corresponden a proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones.

17 de esas 22 unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico inferior al 70%.

El mayor número de alertas (91), por $301.757 millones, tienen que ver con igual número de colegios en construcción financiados por el FFIE que se consideran como obras en alto riego.

En cuanto a infraestructura de salud, están vigentes alertas por 4 obras consideradas de alto riesgo, que suman un valor de $62.459 millones, encabezadas por el Hospital de Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.

La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

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